Parece que Alemania se cansa de abrir demasiado la mano con la inmigración y pretende tomar medidas serias. El canciller Olaf Scholz cree que ha llegado la hora de actuar mediante «deportaciones a gran escala» de todos aquellos que están en situación ilegal, y con rapidez. La decisión cuenta con visos de prosperar en el Bundestag, con el apoyo de la oposición conservadora. El líder germano no habla de oídas ni es un indocumentado aupado a presidente con doctorado fraudulento. Abogado laboralista, fue alcalde de Hamburgo, la segunda ciudad más grande del país, durante siete años. Sabe muy bien el esfuerzo que supone mantener los servicios sociales a las administraciones locales y regionales. Cualquiera que no tenga derecho a permanecer en suelo germano «debe abandonar nuestro país. Solo así conseguiremos que las personas que sí han encontrado protección contra la guerra y el terror puedan recibir la atención necesaria». Más de un millón de ucranianos han hallado cobijo allí, mientras preocupa cada vez más la presencia de migrantes de países islámicos.
En España, durante el presente año, solamente Canarias ha contabilizado la llegada de unas 28.000 personas en cayucos. Una cifra muy elevada que se aproxima a la crisis vivida en 2006. Desde septiembre el fenómeno se ha disparado, con origen en Senegal y desembarco en El Hierro. El colapso en los centros de acogida del archipiélago ha obligado a trasladar a diferentes provincias de la Península a más de 5.000 inmigrantes, según datos ofrecidos por el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Javier Escrivá, que tan pronto atiza a los autónomos como tilda de «xenófobos» a quienes critiquen su deficiente gestión en estas circunstancias. Al balneario de Las Salinas, en Medina del Campo, han llegado 250 de ellos, sin aviso alguno al Ayuntamiento de la villa vallisoletana, de poco más de 20.000 habitantes. Y así en otros municipios, cuyos alcaldes denuncian el descontrol y la opacidad con las que ha asignado un destino a estas personas.
Ante la presión brutal que soporta Canarias, es inevitable preguntarse qué piensa hacer el Gobierno de Sánchez, Marlaska y Robles –ministros «competentes» en seguridad y defensa de las fronteras– para reconducir la situación. El discurso oficial apunta a que ahora hay buen rollito con Marruecos, y que el origen masivo de los subsaharianos es Senegal. Pero desde este país a El Hierro la distancia es de unas 950 millas náuticas –casi 2.000 kilómetros–, de manera que con buena mar y a motor de gasóleo la embarcación necesitaría diez días al menos, como apunta Miguel Ángel Garat, capitán de navío en la reserva, para cubrir el trayecto. Tiene su lógica pensar que, en el submundo de la trata de personas, son remolcados por barcos y dejados a la deriva cerca de las costas de llegada. Aunque algunos sostienen que existe una potente corriente marina atlántica entre esos dos puntos. ¡Qué casualidad! Cosas del cambio climático.