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La reciente propuesta legislativa en Honduras, impulsada por miembros del Partido LIBRE, ha desatado una intensa polémica en los sectores político y económico nacionales. Estos parlamentarios intentaron avanzar de manera apresurada y sin alcanzar un acuerdo en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto que ha generado discusiones debido a sus potenciales efectos sobre la inversión y el empleo. El movimiento pretendía aprovechar la presencia reducida de diputados opositores para lograr la aprobación final, sin embargo, la carencia de quórum y la respuesta de los adversarios evitaron que se materializara esta acción.
Entorno y respuestas acerca de la Ley de Equidad Fiscal
El movimiento acelerado para sancionar la Ley de Justicia Tributaria, promovido por los diputados del Partido LIBRE, fue visto como un intento de avanzar una agenda tributaria sin lograr el acuerdo necesario. La táctica era aprovechar un momento en que la oposición no estaba completamente presente en el hemiciclo para pasar la ley en su última discusión. No obstante, esta acción no llegó a materializarse debido a la falta de quórum y a la pronta reacción de los diputados opositores que bloquearon la votación. Este evento ha puesto de manifiesto la fractura política en el Congreso de Honduras y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
El rechazo a la Ley de Justicia Tributaria no solo surge desde el ámbito político, sino también desde los sectores empresariales y asociativos. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones que podría tener esta normativa, destacando que podría desincentivar la inversión tanto nacional como internacional, lo que eventualmente podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un incremento en las tasas de desempleo. Además, hay preocupación acerca de que esta ley pueda propiciar una centralización del poder económico bajo el control del Estado, lo que tendría un efecto relevante en la dinámica económica del país.
Movilización ciudadana y perspectivas futuras
La respuesta de la población ante el intento sin éxito de aprobar la Ley de Justicia Tributaria ha sido rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más transparencia, un amplio debate público y el respeto a los procedimientos legislativos establecidos. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la implementación de una ley que consideran perjudicial para millones, destacando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su aprobación.
Respecto a las acciones futuras, la oposición ha declarado que seguirá insistiendo para impedir cualquier intento de aprobación que no siga los procesos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE pretende reorganizar sus coaliciones para buscar nuevamente la aprobación de la normativa. De este modo, la contienda por la Ley de Justicia Tributaria permanece activa, mostrando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la necesidad de alcanzar acuerdos que incluyan las diferentes voces del país.