El acto de este domingo se ha convertido en un llamamiento necesario y multitudinario a la movilización ciudadana contra la pretensión del independentismo de someter a Pedro Sánchez y a la Constitución
El acto celebrado este domingo por el PP en Madrid se ha convertido en un llamamiento necesario y multitudinario a la movilización ciudadana contra la pretensión del independentismo de someter a Pedro Sánchez y a la Constitución a cambio de los votos imprescindibles para avalar una nueva investidura. El acto tenía mucho de derrota preventiva de Alberto Núñez Feijóo a sólo dos días de una investidura que lógicamente se prevé fallida. Sin embargo, fue un grito contundente contra una medida exigida por el separatismo como es la aprobación de una ley de amnistía que ponga el contador a cero del independentismo y cancele de golpe todas las conductas delictivas que dieron con una declaración unilateral de independencia. La clave del acto es que no se centró en un chantaje de quienes proponen por ejemplo celebrar referendos inconstitucionales sin coste penal, sino en la capacidad de Pedro Sánchez por desmentirse a sí mismo, en su cesión constante a partidos como Junts, ERC, Bildu o el PNV, y en cómo ha arrastrado al PSOE a asumir que cualquier cambio de opinión, incluso en principios que ese partido defendía hace sólo unas semanas por la unidad de España, es rectificado ahora sin complejos a cambio de la investidura.
La segunda clave del acto se basó en la resignación del PP de que no podrá gobernar. O bien, y es lo que parece más factible, Sánchez resulta investido en octubre, o bien se celebran nuevas elecciones, una alternativa que cada vez parece alejarse más. Feijóo dio por asumido que Sánchez claudicará en todo aquello que sea necesario. Los razonamientos que hicieron los distintos líderes de PP tienen toda la lógica porque España parece estar asomándose a un abismo legislativo que supondrá una derogación de facto de preceptos constitucionales por la vía de los hechos consumados, de una interpretación jurídica conforme a la doctrina del Gobierno, y del control político de instituciones como el Tribunal Constitucional. Una ley de amnistía tiene todos los visos de ser inconstitucional, y sin embargo dirigentes socialistas que la descartaban ayer por ser abiertamente ilegal, hoy se ponen de perfil aduciendo que todo lo que no figura en la Carta Magna es plausible. Por eso Feijóo no apelaba al tacticismo político del PSOE, sino a su dejación en la defensa de principios y valores; y por eso Mariano Rajoy adujo que por primera vez una investidura no depende en España de un programa electoral o de gobierno, sino de cumplir con «el chantaje de un prófugo» como Carles Puigdemont. Y también por eso José María Aznar reivindicó el valor de la libertad y de la igualdad frente a cualquier intento de tomar a la ciudadanía como rehén para satisfacer «a golpistas»; y por eso Isabel Díaz Ayuso exigió a Sánchez que no humille a los españoles. El intento era necesario, pro el PSOE sólo se limita a esperar la fallida investidura de Feijóo para abrir una nueva etapa política en España que dé por superada esencia del régimen del 78.
Al acto sólo debe reprochársele una cosa: que fuera específicamente de partido, y que no fuese en realidad una iniciativa transversal más amplia en defensa plural de un constitucionalismo amenazado. El PP debió impulsar que otros partidos, otras entidades y otros movimientos sociales que defienden esos mismos valores que invoca se sumasen a esta advertencia frente a lo que Sánchez parece dispuesto a hacer con la legalidad en España. La de este domingo no debía ser una protesta ideológica, sino una pluralidad de voces en defensa de la nación. De eso se trataba.