El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes una nueva actualización de la Lista Engel, nombrando a 27 personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua como actores responsables de corrupción significativa y de socavar los procesos democráticos en la región. El documento, que comenzó a publicarse en 2021, tiene como objetivo exponer a personas involucradas en prácticas corruptas y antidemocráticas, afectando su derecho a obtener visas estadounidenses y otras sanciones inmediatas.
Según el informe, las personas identificadas estaban involucradas en actos como corrupción en adquisiciones gubernamentales, soborno, extorsión, lavado de dinero y violencia contra investigadores de corrupción. La lista también destaca la participación de algunos en campañas de intimidación contra críticos de regímenes autoritarios.
De los 27 nombres mencionados, 20 corresponden a Nicaragua, y los siete restantes se distribuyen entre Honduras, El Salvador y Guatemala.
Honduras: Corrupción y tensiones con Estados Unidos
En el caso de Honduras, la lista Engel incluye a tres personas, entre ellas Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según el Departamento de Estado, Dubón «socava los procesos democráticos al utilizar su autoridad oficial para socavar el estado de derecho». Dubón, esposa de Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya, fue señalada por su papel en la decisión que declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).
Dubón respondió a su inclusión calificando la acción como «intromisión y cobardía» y aseguró que su decisión sobre las ZEDES protege la soberanía del país al evitar que «el territorio se venda en pedazos». También exigió pruebas al gobierno estadounidense para justificar los cargos en su contra.
La sentencia que declara inconstitucionales las ZEDES, conocidas en Honduras como “Ciudades Modelo”, fue emitida en 2020. del pleno de la CSJ. Estas zonas fueron propuestas como regiones autónomas con la capacidad de establecer sus propias reglas, pero enfrentaron una fuerte oposición debido a la preocupación de que se convirtieran en «estados dentro de los estados».
El Salvador: corrupción política y narcotráfico
En El Salvador, los apuntados son Nersi Patricia Montano de Martínez, ex alcaldesa del municipio de Soyapango, y el narcotraficante José Edgardo Bruno Ventura, también conocido como «Hermano». Ambos se encuentran actualmente en prisión.
Montano de Martínez, quien llegó al poder procedente del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, está acusado de malversación de fondos públicos y negociación de contratos municipales sin la aprobación del Concejo Municipal. Fue arrestada en diciembre de 2022. y enfrenta numerosos cargos en el sistema de justicia salvadoreño.
Por su parte, Bruno Ventura, figura destacada del narcotráfico en El Salvador, figuraba como pagador de sobornos a miembros de la Policía Nacional Civil y otros funcionarios para facilitar su red de narcotráfico. Ventura, quien fue arrestado en septiembre de 2023, también ha sido identificado como el líder de «La Raza», una banda carcelaria que operaba en el penal de Mariona, donde controlaba actividades ilegales como la distribución de drogas y el tráfico de armas.
Con esta actualización, el número de salvadoreños incluidos en la lista Engel asciende a 36, entre ellos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Bukele, como Carolina Recinos, comisionada presidencial, y Cristian Guevara, diputado de Nuevas Ideas.
Guatemala: soborno en la justicia y la banca
En Guatemala, el Departamento de Estado nombró a dos personas: Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, jueza de la Corte Constitucional, y Jorge Adolfo Mondal Chu, presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB).
Paniagua Pérez fue acusado de aceptar sobornos para emitir fallos favorables en el Tribunal Constitucional, mientras que Mondal Chew presuntamente sobornó a magistrados del mismo tribunal para conservar su cargo como director del BANTRAB. Estos casos reflejan la preocupación constante de Estados Unidos por la corrupción en el sistema judicial de Guatemala, que socava la confianza en las instituciones democráticas del país.
Nicaragua: Represión y venganza bajo el régimen Ortega-Muriyo
La mayoría de los nombres de la lista Engel corresponden a Nicaragua, con 20 personas identificadas. Entre ellos se incluyen altos funcionarios de instituciones universitarias y otras personas asociadas con los regímenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el Departamento de Estado, los mencionados participaron en campañas de venganza contra críticos del régimen, así como en actos de corrupción y manipulación de las instituciones democráticas.
Entre los identificados se encuentra Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades, acusada de apoyar los esfuerzos del régimen para reprimir y silenciar a los opositores.
La actualización de la Lista Engel subraya la preocupación de Estados Unidos por el deterioro de la democracia en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega ha reforzado su control represivo sobre las instituciones y la sociedad civil.
Impacto de la Lista Engel en la región
Desde su primera publicación en 2021. La Lista Engel se ha convertido en una herramienta clave para Estados Unidos en su política hacia Centroamérica. Al exponer a actores corruptos y antidemocráticos, Washington busca presionar a los gobiernos de la región para que tomen medidas significativas contra la corrupción y fortalezcan el Estado de derecho.
Sin embargo, la lista también provocó tensión diplomática, como en el caso de Honduras, donde la inclusión de Sonia Marlina Dubón fue interpretada como una injerencia en asuntos internos.
A medida que Estados Unidos continúa ampliando la lista de Engel, queda claro que la corrupción y el debilitamiento de la democracia siguen siendo problemas persistentes en Centroamérica. La publicación de esta lista no sólo resalta las prácticas corruptas, sino que también resalta la necesidad de una cooperación más efectiva entre los países de la región y la comunidad internacional para abordar estos desafíos estructurales.