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La situación política actual en Honduras ha estado influenciada por la movilización popular en apoyo a la diversidad democrática y la participación política. En Tegucigalpa, una agrupación variada de integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, líderes de comunidades y ciudadanos independientes se reunieron frente al Congreso Nacional para llevar a cabo una vigilia tranquila. El propósito principal de este evento fue demandar garantías completas y respeto para las formaciones políticas minoritarias en el marco del proceso electoral que finalizará con las elecciones generales de noviembre de 2025. La vigilia, destacada por el uso de velas y carteles, sirvió como una respuesta simbólica ante lo que los asistentes consideran una amenaza al sistema multipartidista, en medio de acusaciones de presiones, obstáculos administrativos y exclusión mediática hacia partidos nuevos.
La manifestación sirvió también como plataforma para criticar acciones que, según los participantes, restringen la participación justa en las discusiones públicas, establecen barreras injustificadas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desvalorizan a los grupos no convencionales. Además, mencionaron el uso de fondos públicos para favorecer a los partidos en el poder. Durante el evento, se entregó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando condiciones equitativas, transparencia en el acceso a medios estatales y protección contra el hostigamiento político a candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso electoral y quejas por exclusión
El escenario político de Honduras para las elecciones de 2025 está caracterizado por una atmósfera de alta tensión y polarización. Durante las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo, participaron los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal. Estas elecciones se vieron afectadas por demoras considerables en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, provocando malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió problemas logísticos, mientras que sectores de la oposición señalaron que los incidentes eran resultado de una supuesta intervención de las Fuerzas Armadas y de la ministra de Defensa, quien también es aspirante a la presidencia.
Dentro de esta situación, los partidos nuevos han criticado las iniciativas legislativas que pretenden adelantar la fecha tope para entregar planillas, viéndolas como acciones que limitan sus chances de participar y fortalecen la exclusión política. Estas medidas también se suman a quejas sobre el reparto desequilibrado de recursos públicos y la falta de acceso igualitario a los medios estatales. La inquietud de la sociedad civil y los partidos más pequeños se enfoca en la importancia de mantener la diversidad política y prevenir que las prácticas limitantes se afiancen con miras a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y solicitudes de la población
La vigilia frente al Congreso Nacional puso de manifiesto la vigilancia activa de la sociedad civil sobre el proceso democrático. Los asistentes entregaron formalmente sus demandas a las autoridades electorales, solicitando que se garantice la igualdad de condiciones para todos los partidos inscritos y que se asegure la transparencia en la asignación de espacios en los medios públicos. Además, exigieron protección efectiva contra el acoso político, especialmente para candidatos independientes o de partidos minoritarios.
El mandato legislativo 2022-2026 del Congreso Nacional, que comenzó después de las elecciones de 2021, se ha caracterizado por divisiones y momentos de crisis interna, como el conflicto en la selección de la junta directiva y la división de grupos parlamentarios. Este escenario ha aumentado la percepción de que hay prácticas que benefician a los partidos de siempre y complican la participación de nuevos movimientos políticos. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es un componente fundamental para la democracia en Honduras.