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El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado una acalorada discusión entre el sector privado, asociaciones de empresarios y las autoridades del gobierno. La propuesta de reforma fiscal presentada por la administración actual ha sido identificada por líderes empresariales como una amenaza directa para la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de exenciones fiscales que han sido esenciales para el crecimiento de industrias como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo que, según los empresarios, podría llevar al cierre de empresas y despidos masivos, especialmente afectando a las pequeñas y medianas empresas.
La reforma anticipada no se circunscribe únicamente al sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de los hogares y al tejido social en Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la disminución de la actividad económica y la posible partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo estructural, un auge de la economía sumergida, un éxodo forzado y un desplome del consumo interno. Esta coyuntura se intensifica debido a la situación actual del país, donde más de un millón de personas están en busca de empleo decente y la informalidad laboral afecta a una proporción considerable de la población.
Consecuencias de suprimir los beneficios fiscales y el peligro para el empleo
La normativa de Equidad Fiscal incluye la eliminación de esquemas de exenciones y reducciones impositivas, impactando a más de diez industrias, tales como áreas libres, turismo, energías limpias y producción manufacturera. Según información del ámbito empresarial, en la actualidad, más de 400,000 puestos laborales directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de suministros y exportaciones de productos agrícolas e industriales. La eliminación de estos beneficios podría causar la clausura de fábricas, talleres, tiendas y fincas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando a miles de hondureños sin trabajo formal y aumentando la presión sobre el sector informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría consecuencias desfavorables en áreas como el turismo, la manufactura y el sector agroindustrial. Por ejemplo, se prevé que la industria manufacturera podría perder 40.000 puestos de trabajo y más de 733 millones de dólares en exportaciones. En el ámbito del turismo, el impacto podría provocar la desaparición de miles de empleos tanto directos como indirectos, así como una reducción importante en la inversión y en los salarios. Asimismo, el incremento en los costos operativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, podría hacer que estas salgan del mercado, empeorando así la problemática del desempleo y subempleo en el país.
Implicaciones sociales y opciones distintas del ámbito privado
El efecto social de la reforma se prevé como irreversible, con el peligro de incrementar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. El aumento del sector informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían empeorar la calidad de vida y los ingresos fiscales, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los empresarios se enfoca en el impacto en cadena sobre la estabilidad social, señalando que la eliminación de oportunidades laborales podría empobrecer aún más al país.
Ante este panorama, el sector privado ha propuesto alternativas, como la reducción del Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con el objetivo de dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños, estimular la economía y generar empleo. Además, sugieren que en lugar de eliminar los incentivos para todos los sectores, se realicen inspecciones y fiscalizaciones a las empresas exentas de impuestos que incurran en irregularidades, aprovechando las facultades que ya otorga la legislación vigente. El sector empresarial insiste en la necesidad de diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener consecuencias irreversibles para el desarrollo económico y social del país.
La discusión acerca de la Ley de Equidad Fiscal sigue siendo acalorada, con demandas inmediatas al Congreso Nacional para que examine minuciosamente el texto de la ley y evite resoluciones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, como el desempleo, la pobreza y la migración.