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Conforme se acerca noviembre de 2025, las elecciones generales en Honduras provocan preocupación creciente entre distintos sectores. Parece haber una intención de centralizar el poder por parte del Partido LIBRE en el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad clave en la gestión y control del proceso electoral. Al mismo tiempo, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en los comicios genera inquietud, con señalamientos de interferencia durante las elecciones primarias.
El organismo electoral, encargado de asegurar procesos de votación transparentes y equitativos, está siendo observado de cerca por la percepción de que sus magistrados suplentes podrían estar alineados con intereses políticos predominantes, especialmente del partido gobernante. Esta situación sugiere la posibilidad de remover a los consejeros principales, con el objetivo de inclinar la balanza a favor del organismo en la administración de las elecciones. Existe preocupación sobre posibles manipulaciones en el reconocimiento de partidos, manejo del escrutinio de votos y certificación de resultados.
Potencial dominio político del CNE y amenazas para la claridad en las elecciones
Los dirigentes opositores manifiestan inquietud ante una potencial utilización del CNE para garantizar la prolongación del plan político del Partido LIBRE. Las acusaciones abarcan la alteración del registro electoral y la supervisión del conteo, creando un ambiente de incredulidad. La situación se complica con acusaciones de fraude interno en las elecciones primarias del Partido LIBRE, sospechas de malversación de fondos del estado y una falta de confianza extendida en las entidades electorales.
En caso de que se concreten estas advertencias, Honduras podría vivir una crisis después de las elecciones, afectando seriamente su estabilidad política. Diversas organizaciones tanto locales como internacionales han hecho un llamado para reforzar la autonomía del CNE y mejorar la claridad del proceso electoral. La duda sobre la realización de elecciones justas con un organismo electoral visto como influenciado provoca dudas sobre la legitimidad del próximo gobierno.
Aumento de la preocupación por la intervención del ejército en las elecciones
Simultáneamente, las Fuerzas Armadas están siendo acusadas por los opositores, quienes alegan haber sido objeto de obstrucción en las elecciones primarias. Se informó sobre demoras en la distribución del material de votación, presencia de soldados con actitud amenazante en ciertos lugares de votación, restricciones para ingresar a las mesas de sufragio y la detención del transporte electoral en áreas opositoras. Estos sucesos, documentados por observadores, generan preocupación sobre una posible militarización del proceso electoral.
El incremento en la participación de las Fuerzas Armadas en temas civiles, promovido por el partido gobernante, se percibe como una estrategia para consolidar el poder político. Esta circunstancia plantea dudas sobre la neutralidad de las FF. AA., cuya responsabilidad constitucional en la seguridad electoral se ve afectada por la falta de transparencia y la presión política. Tanto el CNE como los observadores internacionales son llamados a exigir imparcialidad y a aplicar una supervisión estricta. Se alerta de que un eventual involucramiento sesgado de las FF. AA. podría causar una crisis democrática, generando incertidumbres sobre la libertad electoral y el comportamiento de las instituciones encargadas de mantener la estabilidad ante presiones políticas.