Una juez federal de Washington impuso este lunes una orden casi imposible para Donald Trump: que se calle. La magistrada Tanya Chutkan, que supervisa el proceso en el que se acusa al expresidente de cuatro delitos por su campaña para tratar de revertir el resultado de las elecciones que perdió en 2020, determinó que Trump deberá cumplir con una ‘gag order’, una ‘order mordaza’ u ‘orden de silencio’ que limita su libertad de expresión.
La juez accedió de forma limitada a las peticiones de la fiscalía y decidió prohibir a Trump que ataque de forma pública a los testigos, a los fiscales y al personal judicial implicado en el caso.
La orden, aunque es limitada, afectará de lleno a la forma en la que Trump expresa sus mensajes políticos, donde los ataques a figuras clave del Departamento de Justicia, a los fiscales implicados en sus investigaciones -en el caso de esta, el fiscal especial Jack Smith, al que llama «demente» de manera rutinaria, y a testigos del caso son el pan de cada día en sus mítines y en sus mensajes en redes sociales.
Como en mucho de lo que tiene que ver con Trump, su situación es compleja en esta situación: debe respetar la acción de la justicia pero, al mismo tiempo, una limitación de su libertad de expresión es especialmente delicada cuando se trata del candidato con todas las posibilidades de convertirse en nominado del partido republicano para la presidencia en las elecciones del año que viene.
Chutkan, sin embargo, no tuvo dudas en determinar que esa circunstancia no le puede permitir expresarse sin límites. «Las protecciones de la Primera Enmienda (la que establece la libertad de expresión en la Constitución de EE.UU.) cede ante la administración de justicia y ante la protección de testigos», dijo el lunes en una comparecencia combativa con el abogado de Trump en este caso, John Lauro. «Su candidatura presidencial no le da carta blanca para denigrar a funcionarios públicos que simplemente están haciendo su trabajo».
Además de los ataques continuos a Smith, Trump insulta y amenaza de manera regular a testigos que serán clave en el caso, como el que fuera su fiscal general, Bill Barr, al que ha llamado, por ejemplo, «cerdo sin agallas»; o el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor hasta pocas semanas, de quien ha dicho que merece ser ejecutado.
Tras la comparecencia, un comunicado de la campaña de Trump atacó la decisión de la jueza como «abominación absoluta» y como «otro cuchillo partidario clavado en el corazón de nuestra democracia por el corrupto Joe Biden». Pero, como en todos los embrollos judiciales que persiguen a Trump, el expresidente no tardó en aprovechar el episodio para enardecer a sus seguidores y pedirles contribuciones monetarias.
«Lo de hoy no va de amordazarme a mí», escribió en un email masivo. «Es un intento de amordazar al pueblo de EE.UU.», denunció antes de pedir una «contribución de cualquier cantidad».
Es la segunda vez que un juez impone una orden limitada de silencio a Trump. Este mismo mes, durante el juicio civil que se celebra en Nueva York por la supuesta sobrevaloración de los activos de su empresa, el juez determinó algo similar después de que Trump atacara a una de las secretarias judiciales.