«Nos están robando las competencias que tiene de manera exclusiva la Guardia Civil». Con esta contundencia se ha pronunciado Juan Fernández, secretario general de AUGC en nombre de las siete asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil, que han comparecido esta mañana en Madrid para rechazar la «estrategia política» que impone el ministro Marlaska en el Cuerpo. Ellos son la cara visible, aseguran, de casi 80.000 agentes y en su nombre denuncian. Están en pie de guerra contra Interior, «hartos de desplantes» y de que el Instituto Armado «no deje de perder competencias en favor de otros cuerpos policiales».
Juan Fernández asegura que se sienten respaldados por la sociedad pero que están «sufriendo un ataque sin precedentes». «¿Quién defiende a la Guardia Civil, un ministro que no aparece, un secretario de Estado que no ha tenido relación con las asociaciones, un director general que nos desprecia?», ha continuado el líder de AUGC.
La gota que colmó el vaso se produjo el pasado jueves, 28 de septiembre, cuando las asociaciones profesionales (AUGG, Jucil, Unión de Oficiales, IGC, AEGC, ASES-GG y la Asociación Profesional de Cabos) acudieron al Pleno del Consejo sin que se presentara al mismo ni el ministro del Interior, como presidente de este órgano colegiado, ni tampoco su sustituto el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Además, por primera vez en la historia, según denuncian, el tiempo para abordar los problemas de los miembros de la Guardia Civil estuvo tasado y se recortaron los turnos de palabra.
Ante esa «insultante forma de proceder», así la denominan, todos los representantes abandonaron el pleno, un hecho «sin precedentes» desde que se constituyó ese órgano de representación. Fue la forma de protestar, con una gráfica imagen en la puerta de todos ellos, ante lo que definen como «una actitud prepotente que afecta a los derechos de todos los guardias civiles».
Ese día Marlaska asistía en Bruselas a la reunión de ministros del Interior de la UE y Marcos estaba en su despacho, en la planta noble de la Dirección General. Tasó el tiempo y se retrasó hora y media, según explican los representantes. Abandonaron el pleno y él les ordenó que se quedaran. «Tenemoss la impresión de que existe u plan para desmantelar este órgano legal. Exigimos respeto tanto a los guardias civiles como a sus representantes que garantizan los derechos», ha insistido el portavoz.
En la rueda de prensa conjunta se han sucedido las denuncias por esas actuaciones que ellos creen encaminadas a quitarles sus competencias y dárselas a la Policía Nacional o a las policías autonómicas. Han destacado el traspaso de las funciones de la Agrupación de Tráfico de Navarra hacia la Policía Foral que ha dejado a 200 familias fuera de la comunidad. La pérdida de competencias en fiscal, Judicial y Seguridad Ciudadana en puertos y aeropuertos, concretamente lo que ya se ha iniciado en Santander y Melilla. La posible asunción de competencias del Servicio Marítimo del Cuerpo en favor de los Mossos en Cataluña antes de la Copa América de Vela.
Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, denunció en la misma línea que intentan arrebatar competencias que corresponden al Cuerpo, con actividades y hechos concretos y con un plan. «No queremos entrar en confrontación con ningún otro Cuerpo pero sí dejar claro cuáles son las competencias de la Guardia Civil, por eso reclamamos una reunión urgente con Marlaska para que nos diga qué pretende hacer con la Guardia Civil y con las asoaciones. «Los guardias civiles tienen derecho a ser escuchados, pero más del 90 por ciento de nuestras propuestas no son tenidas en cuenta».
Siguen abiertos al diálogo, aseguran, y a que Marlaska y el director general les expliquen qué pretenden hacer con los 80.000 agentes.