En una medida controvertida, el gobierno de Daniel Ortega decidió cerrar la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, acusándola de ser un «centro de terrorismo» por albergar a jóvenes manifestantes durante las protestas de 2018 que desencadenaron una crisis política en el país.
La UCA anunció que suspendía sus actividades tras confiscar sus propiedades y recursos financieros y pasó a llamarse Casimiro Sotelo bajo control estatal. Esta medida dejó a miles de estudiantes en un limbo educativo.
Marisol, quien próximamente se graduará de la licenciatura en comunicación social, se vio afectada por este cierre. Después de retomar sus estudios en la UCA en El Salvador, ve su elección como una resistencia a la coerción gubernamental.
Otros estudiantes, como Marcos, también buscaron refugio en instituciones educativas fuera de Nicaragua, resistiendo la presión del gobierno. A pesar de los desafíos económicos y académicos, estos jóvenes demuestran su determinación y resiliencia.
A un año del cierre, funcionarios de Estados Unidos y de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús expresaron su solidaridad con la comunidad universitaria, recordando la importancia de la democracia y la libertad académica.
El cierre de la UCA es solo un ejemplo de la represión gubernamental en Nicaragua que ha afectado a varias instituciones educativas desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018.